A menudo y lamentablemente, los medios de comunicación nos hacen llegar noticias relativas a los malos tratos infantiles, incluidos los abusos sexuales a menores.
Al igual que ocurre en los casos de violencia de género, el maltratador suele justificar su comportamiento alegando que la víctima le provocó y que fue el niño o niña quien inició la conducta sexual.
Los estudios de prevalencia y epidemiología en España muestran tasas de victimización sexual a menores lo suficientemente elevadas como para considerarlo un problema de alcance social, con repercusiones legales, políticas, médicas y educativas.
En muchas ocasiones, la forma en que estos abusos sexuales se manifiestan, es a través de caricias por encima o debajo de la cintura, incitaciones a conductas sexuales y exhibicionismo (Pereda, 2016). Más aún, la problemática del exhibicionismo se ve impulsada por las nuevas tecnologías, a través de las cuales los menores pueden ser expuestos a contenidos pornográficos sin nosotros sospecharlo.
Independientemente de la forma en que un niño o niña (o cualquier persona) sea abusado o maltratado, jamás se considerará a la víctima culpable de la agresión.
Legalmente, se entiende como violencia sexual infantil todo acto o comportamiento de tipo sexual, ejercido sobre un menor, a través de la fuerza o la coerción física, psicológica o emocional, aprovechando la situación de desigualdad o relaciones de poder y autoridad del agresor sobre la víctima.
Desde la perspectiva psicológica, debemos asegurar que un niño no posee el desarrollo cognitivo suficiente para resistir persuasiones de adultos cercanos y de confianza (mayoritariamente los perpetradores de los abusos infantiles). Tal y como queda reflejado en la definición, el niño es emocional y psicológicamente dependiente, además de inferior en la capacidad de resistencia física. Por este motivo, tanto las obligaciones físicas como los chantajes emocionales, son formas de abusar de la indefensión, vulnerabilidad e inocencia del menor.
La infancia tiene el derecho de ser protegida por la sociedad, la cual debe asegurar un correcto desarrollo y adaptación futura, precisamente porque el niño no es un ser autónomo para guiar su desarrollo. Dicha protección de la infancia debe incluir, e incluye, la pena de todo comportamiento que viole tales derechos, además de proteger a la víctima cuando el abuso ocurre y condenar como único culpable al adulto delincuente. (en el siguiente enlace podrás acceder a los Derechos del niño)
A. Amores
Colaborador de CENIT Psicología
Referencias:
Pereda, N. (2016). ¿Uno de cada cinco? Victimización sexual infantil en España. Papeles del Psicólogo, 37(2), 126-133. Disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2697.pdf
